Llotja de Bellpuig

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Comerç / Comercio

Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

resulta preciso disponer de un sistema que, sin intervenir de forma innecesaria en la libre toma de decisiones empresariales, permita contar con los instrumentos adecuados para garantizar el buen funcionamiento de los procesos del mercado.

REAL DECRETO 367/2005, de 8 de abril, por el que se desarrolla el artículo 17.3 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de ordenación del comercio minorista, y se definen los productos de alimentación frescos y perecederos y los productos de gran consumo

La incorporació a l’ordenament jurídic intern del que disposa la Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/4/CE, de 27 de gener, es porta a terme per aquest Reial decret. Alhora, cal dur a terme una refosa de la Norma general d’etiquetatge, presentació i publicitat, aprovada pel Reial decret 212/1992 i les seves modificacions posteriors, a efectes d’una més gran clarificació del text que faci més fàcil aplicar-lo.

Establecimiento de un marco de buenas prácticas comerciales

La presente Ley. completando y. en ocasiones. refundiendo los esfuerzos de la racionalización sectoriales iniciados por las ya recordadas leyes de Marcas y Publicidad. aspira a poner termino a la tradicional situación de incertidumbre y desamparo que ha vivido el sector, creando un marco jurídico cierto y efectivo. que sea capaz de dar cauce a la cada vez más enérgica y sofisticada lucha concurrencial. Varias circunstancias hacían inexcusable esta iniciativa.

Los objetivos de la Ley se concretan en: 1. Establecer, sobre bases firmes y directas, los procedimientos eficaces para la defensa de los consumidores y usuarios. 2. Disponer del marco legal adecuado para favorecer un desarrollo óptimo del movimiento asociativo en este campo. 3. Declarar los principios, criterios, obligaciones y derechos que configuran la defensa de los consumidores y usuarios y que, en el ámbito de sus competencias, habrán de ser tenidos en cuenta por los poderes públicos en las actuaciones y desarrollos normativos futuros, en el marco de la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional.

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